- La presencia de empresas chinas se extendió al litio, las carreteras y los servicios públicos. En una nueva cápsula de Efecto China, Fabián Pizarro analiza cómo convertir ese interés en beneficios duraderos para el país.
China dejó de ser solamente un comprador de productos chilenos para convertirse también en un inversionista relevante en sectores estratégicos. La electricidad, el litio y las obras concesionadas muestran el alcance de esa transformación, que plantea una pregunta: qué desarrollo producen esas inversiones para Chile.
En una nueva cápsula de Efecto China, el periodista Fabián Pizarro repasa las operaciones que marcaron este cambio y los desafíos para aprovechar la llegada de capitales. El análisis forma parte de la serie sobre los diez años de la Asociación Estratégica Integral entre Chile y China.
Electricidad y litio: las adquisiciones que marcaron el cambio
Una de las expresiones más visibles de la inversión china se encuentra en el sector eléctrico. State Grid adquirió Chilquinta y CGE, mientras que China Southern Power Grid ingresó a la propiedad de Transelec, dedicada a la transmisión.
Estas operaciones dieron a empresas chinas participación en una infraestructura esencial para millones de hogares y empresas. El interés también alcanzó al sector minero: en 2018, Tianqi adquirió cerca del 24% de SQM, en una operación emblemática vinculada al papel del litio en la relación económica entre Chile y China.
Según explica Pizarro, la estabilidad institucional, la apertura a la inversión, los tratados comerciales, los recursos naturales y el potencial energético ayudan a entender el atractivo de Chile para estas compañías.
Carreteras y hospitales: inversión en servicios públicos
La presencia china también se manifiesta en obras de infraestructura. Entre los ejemplos mencionados en la cápsula figuran la concesión de la Ruta 5 Talca-Chillán, adjudicada al consorcio chino CRCC, y la construcción del nuevo Hospital San Pablo de Coquimbo, a cargo de esta empresa estatal.
Son proyectos relacionados directamente con la conectividad y los servicios públicos, cuyos efectos difieren de la compra de participaciones en compañías existentes.
“No basta con celebrar el monto de una adquisición”, advierte Pizarro. La evaluación, sostiene, debe considerar si cada proyecto crea capacidades, incorpora proveedores locales, capacita trabajadores y contribuye al desarrollo.
El desafío de atraer nuevos proyectos productivos
La cápsula distingue entre adquirir una empresa existente y desarrollar una nueva planta o un centro tecnológico. Ambas operaciones pueden ser válidas, pero tienen impactos diferentes.
En ese contexto, Pizarro plantea que Chile necesita atraer más inversión greenfield: proyectos nuevos que amplíen su capacidad productiva. Entre las áreas que identifica se encuentran el almacenamiento energético, la manufactura avanzada, la infraestructura digital y el procesamiento de minerales.
Los vínculos políticos y los mecanismos de cooperación económica también ayudan a presentar oportunidades. Esa búsqueda se expresa, por ejemplo, en el interés chino por explorar inversiones y cooperación logística en la ZOFRI.
Como contexto, en 2025 InvestChile y la Dirección General de Concesiones presentaron un portal con 15 proyectos de infraestructura pública por US$7.763 millones. Se trataba de oportunidades para inversionistas internacionales, no de una cartera exclusiva de empresas chinas ni de inversión ya ejecutada.
Apertura con regulación y beneficios verificables
La participación extranjera en sectores estratégicos también exige evaluar la concentración y resguardar la infraestructura crítica. Para Pizarro, esa discusión requiere reglas previsibles, libre competencia, seguridad, transparencia y fiscalización.
“La discusión no debe transformarse en rechazo por nacionalidad, pero tampoco puede ser ingenua”, señala. Definir las condiciones y hacerlas cumplir es responsabilidad de Chile, y cualquier inversionista debe respetarlas.
El desafío, concluye, va más allá del origen o el monto de los capitales: el éxito de la inversión debe medirse también en capacidades, innovación y beneficios duraderos para el país.